Muy en la línea habitual que se resume en la frase del Rey Sol “L'État, c'est moi” esta gente del PP confunde su voluntad con la voluntad popular, sus intereses con los del país y el propio Estado con su partido, como ya hacían cuando eran el Movimiento Nacional. Por eso creen que pueden modificar las reglas del juego cuando no les convienen y llevárselo como en aquel anuncio del Scattergories.
Por eso, a la siempre ocurrente Esperanza Aguirre, se le ocurre ahora eliminar el Tribunal Constitucional cuyas sentencias no le gustan, especialmente esta última sobre la legalización de Sortu.
Sus declaraciones, como esta frase que la prensa entrecomilla "Que casualidad que la señora Pérez Vera sea la misma magistrada que fue ponente de la sentencia del Estatuto de Cataluña y de la sentencia de Bildu. Me parece una vergüenza", son toda una expresión de falta de respeto al TC y a sus miembros, que merecería ser sometida al veredicto de los tribunales, por si pudiera ser constitutiva de delito.
Recordemos como es el juego. En el pacto social que da lugar al Estado de Derecho, acordamos que el llamado poder judicial es independiente y sus resoluciones se respetan y acatan aunque puedan no compartirse.
El respeto y acato significa que yo puedo no estar de acuerdo con la resolución y decir que a mi juicio el tribunal se ha equivocado o no ha tenido en cuenta determinado aspecto de la ley. Al fin los jueces no son infalibles. Pero lo que no puedo hacer es deslegitimar al juzgador o acusarlo, salvo prueba, de atender otros intereses distintos de la justicia y la ley, lo que sería delito de prevaricación.
Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional, que aunque no es un órgano judicial es el árbitro que todos nos dimos en la Constitución para la correcta interpretación de esta. Y por tanto sus resoluciones tienen que ser aceptadas y respetadas por todos, aunque podamos discrepar de ellas. Pero no como Aguirre y adláteres, salpicar sospechas sobre la ponente o cualquier miembro del mismo. No es legítimo alabar al TC cuando sus resoluciones nos gustan y maldecirlo cuando no nos son favorables.
Finalmente, y para embarrar más el terreno de juego, la Presidenta de Madrid se refiere al TC como “nutrido por políticos que se hacen llamar magistrados pero que no lo son”. ¡Pues claro que no lo son, Espe! La Constitución dice que “los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con mas de quince años de ejercicio profesional”.
¿Está clara la diferencia? Dice todos juristas, no magistrados. No es un órgano judicial igual que la Constitución no es una ley en sentido estricto. La Constitución es una definición política y el TC el órgano encargado de interpretarla.
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