Cuando el pasado otoño se hizo una reforma exprés de la Constitución no podíamos ni imaginar lo que se nos venía encima. Aquella fue al menos una reforma legal, cumpliendo los requisitos formales establecidos, por más que fuese un error político. Pero ahora asistimos a una reforma constitucional encubierta, por la vía de hecho y sin publicación en el BOE.
España ya no responde a su definición establecida en el artículo 1. Basta analizar su texto: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
La reforma laboral acabó con el estado social, la tendencia a la igualdad y la justicia social. La otra justicia que le pregunten a Carlos Dívar. La forma en la que se hizo es el fin del estado democrático y de derecho. La libertad y el pluralismo político están en manos del PP.
Antes el Presidente del Gobierno tenía que solicitar la confianza del Congreso de los Diputados para acceder al cargo. Y podía ser cesado si en la correspondiente moción perdía la confianza de la cámara.
Ya no preocupa. A los ciudadanos ni hay que explicarles el porqué se hace lo que se hace. Se hace y punto. El gobierno tiene que hacer lo que le digan, y la oposición mayoritaria no puede tener más que pequeñas discrepancias. Pero tiene que garantizarse que la alternativa no cambiará de política y mantendrá la misma línea. Como en Grecia.
Y ese es el peligro. El PP está perdiendo su crédito a pasos agigantados. A estas alturas de la película, además, nadie duda dos cosas. No saben que hacer con la crisis, pero sí hacen las reformas ideológicas que siempre quisieron hacer. El problema es que el PSOE no se recupera. Bien está que haga una política responsable y que intente minimizar las medidas populares. Pero yo no sé si temo más al crac económico o al otro.
En efecto. Si paralelamente a la política de consenso no explica claramente la situación y el porqué de su actuación, y sobre todo, si no plantea una alternativa seria de crecimiento y recuperación del bienestar, los ciudadanos se quedarán sin alternativas, sin referencias.
Y entonces será el tiempo de las propuestas simples, populares, efectistas. Y el votante desconcertado, como en Grecia, votará a la extrema derecha, a la propuesta fascista y racista que le ofrecerá una fácil solución.
Por eso la responsabilidad socialista no está solo en el apoyo crítico al gobierno cuando no haya más remedio. No está solo en hacer una oposición responsable. Tenemos que recuperar las raíces ideológicas, adecuándolas a la realidad y establecer una alternativa distinta para solucionar la crisis, y sobre todo, un planteamiento progresista del futuro.
Y para ello hacen falta menos personalismos y más debate de ideas.
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