En estos momentos en los que la lógica nos lleva a un aumento de huelgas y manifestaciones, y antes de que al gobierno se le ocurra eliminar por vía de hecho esos derechos constitucionales, no es malo hacer una reflexión sobre su ejercicio y sobre sus efectos colaterales.
Hay siempre un debate falso sobre si una decisión colectiva puede imponerse sobre la voluntad individual y si al derecho a la huelga hay que contraponer el derecho a la voluntad de trabajar. Y es falso el debate porque se mantiene deliberadamente pese a estar resuelto. ¿Alguien se plantea no pagar impuestos si la mayoría decide que sí?¿Puedo ejercer mi libertad de circular por la izquierda en la carretera? ¿Si la mayoría de los trabajadores de la empresa aceptan un ERE, puedo ejercer mi derecho a que no me afecte?
Seguramente la respuesta a las preguntas es no. Entonces, ¿por qué se plantea este debate en relación con una decisión mayoritaria cuando los hipotéticos beneficios de la huelga son para todos? Precisamente para que fracase y para generar división ya que la fuerza de los trabajadores es su unión. Y eso sí. Castiguemos los piquetes obreros. Los empresariales, ya sabemos, tienen patente de corso.
Y si entre un millón de manifestantes cuatro queman un contenedor, o ponen silicona en la cerradura de un banco, anatemicemos a todos los huelguistas y al mismo derecho de huelga. Si el banco se queda con el dinero de los pequeños depositantes o hunde el sistema económico del país... salvémoslo con dinero a espuertas. Y buena jubilación para los pirómanos.
Y por supuesto amnistía fiscal para ellos. Al fin, esta forma de atentar contra el estado, aterrorizar a los ciudadanos y acabar con la unidad social, no es terrorismo.
El derecho a la huelga es un derecho abstracto, como el derecho a la vivienda o al trabajo. En eso se basa el capitalismo rancio para que este como titulo en la constitución y no sirva para nada, pero parezca una democracia avanzada.
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