Resulta que ahora, para salir de una crisis causada entre otros motivos por el fuerte endeudamiento de las familias, es decir, de los ciudadanos en general, la solución que propone el gobierno, para que los estudiantes sobrevivan a la espectacular subida de tasas, es que pidan un crédito.
Y está bien la propuesta. Porque ahora que el crédito fluye como río caudaloso, que la banca oferta créditos en las esquinas, quien no da crédito a un proyecto empresarial que en teoría producirá ingresos a corto plazo con los que poder atender las amortizaciones, le van a dar un crédito a un estudiante que empezará una carrera que durará cuatro años en el mejor de los casos, y a cuyo final será uno del 50% de parados jóvenes sin prestación.
Como siempre, le darían el crédito a quien no lo necesita, y los sectores de menores ingresos tendrán menos becas, más tasas y ningún crédito.
Pero, además de eso, que todo el mundo pueda alcanzar el máximo nivel en los estudios es, o debería de ser, un interés, incluso egoísta, de la propia sociedad. Cuantos más puedan optar a estudiar una carrera, más posibilidades habrá de que la terminen los más adecuados para ella con el beneficio que ello supone para la sociedad que tendrá los mejores profesionales y mejor formados.
Por eso debe de ser la sociedad quien asuma el gasto que supone estudiar, para que todos puedan optar a hacerlo. Y eso se financia mediante impuestos, no mediante tasas. El impuesto se recauda en proporción creciente sobre quien más tiene o quien más consume. Con la tasa el coste del servicio se carga sobre el usuario.
Por eso, están bien las tasas sobre servicios no esenciales o para desincentivar un uso abusivo del servicio. Pongamos que si el agua fuese gratis nadie cerraría un grifo. Pero un servicio esencial, como la sanidad, la dependencia o la educación, son un derecho de todos independientemente de sus medios, y es además, como en el caso de la educación, un interés general.
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