La política del no.

Pongamos cuatro casos. El gobierno Ayuso, en la comunidad con más incidencia de la Covid-19, quiere levantar todas las restricciones. El gobierno catalán, por temor a llegar al nivel de Madrid, cierran toda la hostelería hasta final de mes. En Verín (Ourense) la hostelería decide por si misma cerrar hasta fin de mes. En el resto de comunidades se confinan ciudades por los propios gobiernos autonómicos.

La primera pregunta que surge es si el gobierno madrileño es ya más irresponsable que el catalán. Cuando el gobierno de Catalunya actuó irresponsablemente (proces) el gobierno del Estado tuvo que asumir su tutoría a través del 155. Ahora que el irresponsable es el de Madrid por no adoptar medidas para proteger la salud de sus habitantes y de los del resto de España, el Estado asume su tutoría con el estado de alarma.

Madrid dice que el Estado es injusto con ella y que quiere ahogar su economía. Y no es cierto. Es la irresponsabilidad del gobierno de la comunidad quien realmente pone en riesgo su economía, como la puso en su día la Generalitat con el proces. Todos los organismos internacionales dicen claramente que si no se controla la pandemia, las consecuencias a largo plazo son peores. Que es mejor parar todo por un tiempo a que después pare todo por más tiempo.

Pero quien recibió de “Pecas” el encargo de gestionar sus redes sociales, pone a la comunidad y la salud de sus ciudadanos al servicio de la guerra de su partido contra el gobierno legítimo. Y al servicio de una ideología, la neoliberal, en la que prima exclusivamente la libertad, de mercado por supuesto. Un PP, democristiano como se define, e integrado en el grupo Popular europeo, no dejaría a tanta gente al pairo.

Y esta actitud de bloqueo solo es comparable al que su partido hace con las principales instituciones del Estado.

Porque no es la primera vez que el PP bloquea torticeramente la renovación de las instituciones cuando es oposición en espera de llegar a tener mayoría y renovarlas a su gusto. El Consejo General del Poder Judicial tenía que renovarse en 2006. Esperando a ganar las elecciones del 2008, lo bloqueó hasta ver que había perdido. Y lo mismo pasa ahora desde 2018. Y no. No todos son iguales. El PSOE nunca lo bloqueó.

Las derechas españolas, muchos de cuyos dirigentes no la votaron, parecen reducir la Constitución al artículo de la unidad de España y el 155. Pero no, léanla bien. La Constitución es mucho más larga y también ordena renovar en sus plazos las instituciones. Ser patriota no es envolverse en docenas de banderas y tararear el himno. Ser patriota es cumplir la Constitución en todos sus términos.

Ahora el patriotero Casado, que no cumple la Constitución, va ayudando a España por Europa comparando a nuestro país con Polonia. Olvida que es él quien bloquea las instituciones. Y que la reforma que se pretende se hará por Ley Orgánica aprobada por mayoría absoluta de las Cortes. Y que aprobada el gobierno volverá a proponer el consenso. Y entonces si lo aceptarán.

En fin, el perro del hortelano.

Rafa Castillo.

 

El ocaso de los dioses.

Empecemos, para dejarlo bien claro, con una declaración de principios: no soy monárquico. Soy republicano. Pero al mismo tiempo he de decir que el debate monarquía vs república es el que menos me interesa. Primero porque es imposible con la actual composición parlamentaria que refleja, no olvidemos, la composición social. Y entrar en propósitos imposibles no genera más que frustraciones. Segundo, porque entre la monarquía sueca y la república húngara, tendría claro que elegir. En cuanto a mi opinión sobre la “inviolabilidad del Rey” consultar la anterior entrada: https://rafacastillo2.blogspot.com/2020/06/el-rey-irresponsable.html.

Y tercero porque hay objetivos mucho más importantes de que hablar. Un nuevo pacto social, una mayor justicia fiscal, el reforzamiento de los servicios públicos, el reconocimiento constitucional de los avances que sin duda logramos en estos 45 años, la mayor integración y solidaridad en la UE que debería aspirar a ser con el tiempo un Estado Federal. Momento en el que desaparecerían todas las monarquías europeas. Y esta conclusión no es mía. Lo dijo, a finales de los 80, Sofía de Grecia, reina consorte de España.

Pero retrocedamos en el tiempo, incluso a antes de que derrocásemos, no olvidemos que con una flebitis, al dictador Franco. Este había nombrado a Juan Carlos de Borbón su sucesor en la jefatura del Estado a título de Rey. Y en esa sucesión incluía todo el poder absoluto que tenía el general superlativo.

Conocía el hecho pero lo recordó ayer un periodista en una tertulia. En 1974 el entonces príncipe envió un emisario a Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, para pedirle que no se opusieran a su nombramiento y garantizarle que el PCE sería legalizado. Carrillo se lo comentó a sus compañeros de ejecutiva, pero, por ser quien era, no les dijo quien era su interlocutor. Con los años, en unas declaraciones dijo que el enviado del príncipe era, nada más y nada menos, que Nicolás Franco, hermano del dictador.

Y sin duda los hechos demuestran que no fue este el único movimiento internacional que hizo para asegurar el apoyo internacional a la transformación democrática de España.

El 20-N de 1975, la flebitis, como dijimos derrotó a Franco. Y en consecuencia en los días siguientes se realizaron dos actos de Estado. El 22-N, Juan Carlos fue proclamado Rey. El 24, el funeral y entierro de Franco. En este el personaje más visible fue Augusto Pinochet, a la sazón dictador de Chile. Y el funeral lo ofició el ultraconservador cardenal de Toledo y primado de España.

En la proclamación del Rey, destacó la presencia de Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia que de algún modo apadrinó a Juan Carlos. Y la misa de Estado que se celebró días después fue oficiada por el Presidente de la Conferencia Episcopal, Vicente Enrique y Tarancón apodado por sus detractores el cardenal rojo y al que los fachas abucheaban con la frase, Tarancón al paredón.

Por cierto en su homilía el cardenal hizo al Rey una clara petición de serlo de todos los españoles y buscar la reconciliación nacional, restituir las libertades y promover la democracia. La prensa internacional sorprendida especulaba si ese mensaje tenía o no el beneplácito de Juan Carlos, y a todos los que teníamos entonces inquietudes políticas nos abría una tímida esperanza.

El Rey mantuvo como presidente del gobierno a Arias Navarro que había sucedido en el puesto a Carrero Blanco después de que ETA lo elevara a los cielos, y quien (Arias) había mostrado un cierto aperturismo con el llamado espíritu del 12 de febrero y su Ley de Asociaciones. Se nombraron ministros a alguno de los personajes más aperturistas del régimen como Fraga y Areilza. Pero Arias había cambiado y después de su patético “españoles, Franco ha muerto” se consideró el albacea político del dictador.

En junio del 76, el Rey hizo un viaje oficial a USA y, cosa poco frecuente, fue invitado al Capitolio a pronunciar un discurso ante el Congreso de los EEUU. Recuerdo ese discurso y el impacto que tuvo no solo a través de la prensa española si no de la emisión internacional de radio París, que en mi casa se escuchaba todas las noches. Buscando la literalidad en internet de la intervención, destaco el siguiente párrafo:

"La Monarquía hará que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados". "La Corona ampara a la totalidad del pueblo y a cada uno de los ciudadanos, garantizando, a través del derecho y mediante el ejercicio de las libertades civiles, el imperio de la justicia".

El 1 de julio, tras una tensa reunión entre ambos, Arias amenazó al Rey con dimitir si este no desmentía las interpretaciones de la prensa sobre su discurso. Incluso se había publicado un off de record de Juan Carlos en el que este decía que quería democratizar el país, pero Arias era una rémora. Los mentideros políticos de la época afirmaban que cuando le dijo de dimitir el Rey lo puso a la firma un documento de dimisión ya escrito.

No voy a hablar de las demás actuaciones positivas que se produjeron en su reinado como el 23-F, la conferencia de paz de Madrid o su papel internacional sobre todo con la comunidad hispanoamericana. O el reconocimiento que hizo a México por haber acogido a los exiliados de la República.

Lo grave es que tras esa buena actuación pública, se escondía, dicho sin paliativos, un presunto delincuente. Como en la novela “El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde”, hay dos personajes en Juan Carlos. Una visible y otra oculta, de la que algo se intuía, aunque nadie podía sospechar que llegase a tanto.

 

Y así, quien pudo pasar a la posteridad como el mejor Rey de la historia de España acabó enterrado en su propio barro.

Solo le queda al emérito una salida digna. Reconocer su error, abandonar la Zarzuela, y tal vez el país, y restituir al Estado lo que quede de su fortuna.

Y si no, Felipe tendrá que tomar la decisión más dolorosa para un hijo: “matar” al padre.

Rafa  Castillo.

El Rey, irresponsable?

El artículo 56.3 de la Constitución Española dice:

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

 

Cuando se analiza una ley, y la Constitución lo es, debe tenerse en cuenta tanto la literalidad de su letra como su espíritu, la voluntad del legislador e incluso el sentido común.

Y utilizando estos criterios y llevando el tema a la reducción al absurdo, alguien ve en espíritu de la CE o permite el sentido común entender que la voluntad del legislador era declarar la impunidad del Rey ante el delito? Podría el Rey asesinar libremente? Entonces, qué delitos podría cometer y cuáles no? Si el Rey sale a la calle disparando un arma y matando gente indiscriminadamente, un policía que lo viese podría detenerlo o incluso dispararle si se ve forzado a ello, o sería acusado de Magnicidio?

También la CE proclama, en su artículo 18, como inviolable el domicilio. Pero ello no impide la entrada en el mismo de la policía en caso de flagrante delito. Y con este mismo límite tiene que verse el artículo 56.3. el Rey no puede ser detenido, salvo caso de flagrante delito, pero no dice, en ningún lugar, que no puede ser juzgado en caso de cometerlo.

Pero atender a la literalidad de la CE no nos permite analizar aisladamente cada palabra, sino en el contexto en que se incluye. Así el citado artículo dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y es en ese sentido, de no sujeta a responsabilidad, en el que es inviolable. No le corresponde a él responder por los actos que en condición de Rey haga, de los que efectivamente no es responsable, pero sí de los que haga como persona.

No es responsable como Rey de sus actos en tal condición, ya que como aclara el mismo artículo, sus actos estarán siempre refrendados y de ellos son responsables (artículo 64.2) las personas que los refrenden.

Si el Rey proclama un Real Decreto que causa daños a terceros, o que es ilegal, el no responde, Responde quien lo refrenda. Si declara una guerra injusta y dañina para el país, el es irresponsable. El responsable es el Presidente del Gobierno. Si el Rey decretase una limpieza étnica, no sería responsable, lo sería el Presidente. Y eso porque todos los actos del Rey, como tal, son refrendados.

Pero si el Rey deja embarazada a una mujer, la paternidad es suya, no del Presidente. Y si es sobornado para favorecer a una empresa o un país, salvo que sea decisión del gobierno, es él el responsable. Y aunque esté en activo. Es fácil de entender.

Otra cosa es que algún juez o experto jurídico retuerza el espíritu de la Ley para favorecerlo.

Rafa Castillo.

Eutanasia encubierta.

Vox acusó al Gobierno de aplicar una “eutanasia feroz” en las residencias de mayores, donde más de 8.000 ancianos “totalmente abandonados y desahuciados” han muerto de coronavirus. “Este Gobierno social-comunista quiso introducir la eutanasia en España y por desgracia, por la vía de los hechos, la ha aplicado de la manera más feroz”, ha declarado a TVE la secretaria general del grupo parlamentario ultra en el Congreso, Macarena Olona.

El partido de Santiago Abascal ha anunciado que denunciará al Gobierno ante los tribunales por su “gestión criminal” de la pandemia de la “peste china”, como ha calificado Olona a la Covid-19.

Tras la reunión del consejo de acción política, el sanedrín que dirige el día a día del partido, su portavoz, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha respaldado las declaraciones de Olona. Es un “hecho indiscutible”, ha asegurado, que el Gobierno, “con su negligencia, su dejadez y su falta de previsión, ha permitido que los mayores focos de contagio y de muerte se hayan producido en las residencias” de ancianos.

Por otra parte, PP y Vox llevan varias semanas culpando al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, de la muerte de miles de personas en las residencias de mayores de toda España como consecuencia de la pandemia del covid-19. Las dos derechas, la de Pablo Casado y la de Santiago Abascal, intentan hacer creer que la decisión del Gobierno, tomada el 19 de marzo, de poner a Iglesias al frente de las operaciones para intentar frenar el drama que ya se estaba produciendo en estos centros exime de responsabilidad sobre lo ocurrido a los ejecutivos autonómicos, incluidos aquellos de los que son responsables desde hace décadas.

Y como dice el Gran Wyoming, ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad.

Olvidan intencionadamente que aunque el Vicepresidente tiene el “mando superior” sobre las residencias, y esto de la opción de, por ejemplo, establecer normas de obligado cumplimiento, el mando directo y la gestión sigue en manos de las comunidades y los gerentes que ellas nombraron o las empresas privadas con las que concertaron.

Unos 6.000 ancianos murieron en las residencias de Madrid, lo que representa más del 20% de los muertos en España. Y ahora sabemos la causa de muchas de esas muertes. El gobierno de Madrid reconoce que recomendó "por error" no derivar ancianos de las residencias a los hospitales. Sin ponerse colorado, el Consejero de Sanidad de la Comunidad dice que se envió por error un borrador de entre seis que había.

Analizamos la frase. Como se produjo el error? Seguramente alguien metió cada borrador en un sobre, una “mano inocente” eligió uno, el responsable lo firmó y ordenó enviarlo. Porque la diferencia entre un borrador y un documento está precisamente en la firma y publicación.

Y no sé que es lo más grave. Que haya alguien capaz de parir una propuesta así, que no haya nadie que lo cese inmediatamente, que el Consejero o quien fuese lo firmase sin leer, que ninguno de los receptores haya puesto el grito en el cielo, que nadie avisase a sus superiores del contenido del “borrador” o que sea posible tanta irresponsabilidad que provoque tantas acciones negligentes en un tema tan serio.

Pero si hubo alguien que avisó de lo que podía ocurrir. Ahora sabemos que el consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid advirtió al inicio de la pandemia a su compañero de Sanidad, de su impotencia para contener el avance del virus. En dos correos electrónicos del 22 de marzo, Reyero le dijo a Escudero que si no le ayudaba podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” y también le advirtió, si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad: “Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”. Y el 26 de marzo, la Presidenta Ayuso puso al frente de un mando único sanitario sobre las residencias al consejero de sanidad, desautorizando a Reyero.

Entre las propuestas del famoso borrador estaba no trasladar a centros hospitalarios a personas con grado de dependencia 3, a aquellos que necesitan ayuda varias veces al día o de forma continua. También recomendaba dejar fuera a personas con discapacidad internadas en residencias especiales.

Quién es el de la eutanasia feroz?

Rafa Castillo.

La nueva normalidad (2).

Estos meses estamos viviendo el segundo estado de alarma en esta etapa democrática. Y en la comparativa de uno y otro podemos analizar semejanzas y diferencias y el orden de los hechos ocurridos en ambos.

En 2010 lo primero fue la crisis. Una crisis causada por el hundimiento de un banco norteamericano, el Lehman Brothers, que arrastró en su caída a todo el sistema bancario mundial. Esa crisis, que como habitualmente pagamos los ciudadanos de a pie, supuso el cierre de muchas pequeñas empresas, el paro para millones de trabajadores, y para los funcionarios, que tenemos la suerte de la estabilidad en el empleo, congelaciones y reducciones salariales.

Y los trabajadores públicos, viendo lo que ocurría a nuestro alrededor, asumimos con resignación el sacrificio que se nos exigía dando gracias por no correr el destino de los otros asalariados. Todos? No, todos no. En la pequeña aldea gala de Aena, un grupo de “valientes” trabajadores hicieron una huelga encubierta para que se incrementasen sus sueldos de seis cifras. Todos los controladores aéreos enfermaron de repente e hicieron cortar el espacio aéreo de España poniendo en peligro el único sector productivo del país, el turístico y hostelero, que podía tirar de la crisis después del desplome de la construcción. Y contribuyendo a dejar sin empleo a cientos de miles de trabajadores con sueldos de tres cifras.

Ante esa situación, el gobierno declaró el primer estado de alarma que permitió controlar la situación al militarizar temporalmente a los controladores. Y ese estado de alarma tuvo efectos sanitarios. De golpe desapareció la pandemia que afectaba a los controladores y todos curaron de repente.

Ahora es justamente al revés. Primero la pandemia, luego el estado de alarma y la inevitable crisis económica. Y con otras muchas diferencias. Esta vez la pandemia nos afecta a todos. Y el gobierno que tenemos, a diferencia del de Rajoy, intenta que no paguen la crisis los más débiles. Lo logrará o no es la incógnita, y dependerá de la duración de la pandemia, del posible rebrote, y de las decisiones de la UE.

Y la huelga? Esta vez la noticia es que no hay aprovechados de la situación para reivindicar mejoras laborales. Todo el personal sanitario se remangó y se puso manos a la obra (al servicio) sin ningún tipo de regateo, haciendo más horas de las obligatorias y viviendo momentos de estrés que no tienen nada que envidiar al de los controladores. Y enfermando por miles contagiados por sus pacientes. Y reincorporándose al trabajo al día siguiente de curar.

La sociedad se lo ha reconocido con aplausos. Pero eso no basta. La sociedad tiene que apoyar unánimemente el reconocimiento de estos profesionales y mejoras laborales y salariales para ellos.

Y no quiero cerrar este artículo sin hacer una reflexión sobre el derecho a la huelga. Este derecho ha sido una difícil, y a veces dolorosa, conquista social a la que no podemos ni debemos renunciar. Y hay que aplicarla cuando sea necesaria, desde una huelga general cuando la política de un gobierno vaya contra los trabajadores, a la huelga sectorial o de empresa. Pero tenemos que ser escrupulosos con el intento de chantaje organizándola cuando más daño hace al país. Eso es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Es cierto que para lograr los objetivos hay que llamar la atención de la sociedad. Pero el caso de los controladores nos demuestra que una minoría pueda ponernos en jaque a todos.

Y para llamar la atención sobre nuestro problema, tenemos otra solución, otro derecho logrado. La manifestación que hace visible nuestra lucha. Se visibiliza más nuestra reivindicación y con solo pequeños trastornos de movilidad.

Aunque esta conquista de los trabajadores la prostituyan los pijos de barrio Salamanca.

Rafa Castillo.