Estos meses estamos
viviendo el segundo estado de alarma en esta etapa democrática. Y en la
comparativa de uno y otro podemos analizar semejanzas y diferencias y el orden
de los hechos ocurridos en ambos.
En 2010 lo primero
fue la crisis. Una crisis causada por el hundimiento de un banco norteamericano,
el Lehman Brothers, que arrastró en su caída a todo el sistema bancario
mundial. Esa crisis, que como habitualmente pagamos los ciudadanos de a pie,
supuso el cierre de muchas pequeñas empresas, el paro para millones de
trabajadores, y para los funcionarios, que tenemos la suerte de la estabilidad
en el empleo, congelaciones y reducciones salariales.
Y los trabajadores
públicos, viendo lo que ocurría a nuestro alrededor, asumimos con resignación
el sacrificio que se nos exigía dando gracias por no correr el destino de los
otros asalariados. Todos? No, todos no. En la pequeña aldea gala de Aena, un
grupo de “valientes” trabajadores hicieron una huelga encubierta para que se
incrementasen sus sueldos de seis cifras. Todos los controladores aéreos enfermaron
de repente e hicieron cortar el espacio aéreo de España poniendo en peligro el
único sector productivo del país, el turístico y hostelero, que podía tirar de
la crisis después del desplome de la construcción. Y contribuyendo a dejar sin
empleo a cientos de miles de trabajadores con sueldos de tres cifras.
Ante esa situación,
el gobierno declaró el primer estado de alarma que permitió controlar la
situación al militarizar temporalmente a los controladores. Y ese estado de
alarma tuvo efectos sanitarios. De golpe desapareció la pandemia que afectaba a
los controladores y todos curaron de repente.
Ahora es justamente
al revés. Primero la pandemia, luego el estado de alarma y la inevitable crisis
económica. Y con otras muchas diferencias. Esta vez la pandemia nos afecta a
todos. Y el gobierno que tenemos, a diferencia del de Rajoy, intenta que no
paguen la crisis los más débiles. Lo logrará o no es la incógnita, y dependerá
de la duración de la pandemia, del posible rebrote, y de las decisiones de la
UE.
Y la huelga? Esta vez
la noticia es que no hay aprovechados de la situación para reivindicar mejoras
laborales. Todo el personal sanitario se remangó y se puso manos a la obra (al
servicio) sin ningún tipo de regateo, haciendo más horas de las obligatorias y
viviendo momentos de estrés que no tienen nada que envidiar al de los
controladores. Y enfermando por miles contagiados por sus pacientes. Y reincorporándose
al trabajo al día siguiente de curar.
La sociedad se lo
ha reconocido con aplausos. Pero eso no basta. La sociedad tiene que apoyar unánimemente
el reconocimiento de estos profesionales y mejoras laborales y salariales para
ellos.
Y no quiero cerrar
este artículo sin hacer una reflexión sobre el derecho a la huelga. Este derecho
ha sido una difícil, y a veces dolorosa, conquista social a la que no podemos
ni debemos renunciar. Y hay que aplicarla cuando sea necesaria, desde una
huelga general cuando la política de un gobierno vaya contra los trabajadores,
a la huelga sectorial o de empresa. Pero tenemos que ser escrupulosos con el
intento de chantaje organizándola cuando más daño hace al país. Eso es tirar
piedras contra nuestro propio tejado. Es cierto que para lograr los objetivos
hay que llamar la atención de la sociedad. Pero el caso de los controladores
nos demuestra que una minoría pueda ponernos en jaque a todos.
Y para llamar la
atención sobre nuestro problema, tenemos otra solución, otro derecho logrado. La
manifestación que hace visible nuestra lucha. Se visibiliza más nuestra
reivindicación y con solo pequeños trastornos de movilidad.
Aunque esta
conquista de los trabajadores la prostituyan los pijos de barrio Salamanca.
Rafa Castillo.
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