domingo, 21 de junio de 2020

El Rey, irresponsable?


El artículo 56.3 de la Constitución Española dice:
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.
 Foto: El rey Juan Carlos I (i), junto con el rey saudí Salman bin Abdelaziz (d). (EFE)
Cuando se analiza una ley, y la Constitución lo es, debe tenerse en cuenta tanto la literalidad de su letra como su espíritu, la voluntad del legislador e incluso el sentido común.
Y utilizando estos criterios y llevando el tema a la reducción al absurdo, alguien ve en espíritu de la CE o permite el sentido común entender que la voluntad del legislador era declarar la impunidad del Rey ante el delito? Podría el Rey asesinar libremente? Entonces, qué delitos podría cometer y cuáles no? Si el Rey sale a la calle disparando un arma y matando gente indiscriminadamente, un policía que lo viese podría detenerlo o incluso dispararle si se ve forzado a ello, o sería acusado de Magnicidio?
También la CE proclama, en su artículo 18, como inviolable el domicilio. Pero ello no impide la entrada en el mismo de la policía en caso de flagrante delito. Y con este mismo límite tiene que verse el artículo 56.3. el Rey no puede ser detenido, salvo caso de flagrante delito, pero no dice, en ningún lugar, que no puede ser juzgado en caso de cometerlo.
Pero atender a la literalidad de la CE no nos permite analizar aisladamente cada palabra, sino en el contexto en que se incluye. Así el citado artículo dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y es en ese sentido, de no sujeta a responsabilidad, en el que es inviolable. No le corresponde a él responder por los actos que en condición de Rey haga, de los que efectivamente no es responsable, pero sí de los que haga como persona.
No es responsable como Rey de sus actos en tal condición, ya que como aclara el mismo artículo, sus actos estarán siempre refrendados y de ellos son responsables (artículo 64.2) las personas que los refrenden.
Si el Rey proclama un Real Decreto que causa daños a terceros, o que es ilegal, el no responde, Responde quien lo refrenda. Si declara una guerra injusta y dañina para el país, el es irresponsable. El responsable es el Presidente del Gobierno. Si el Rey decretase una limpieza étnica, no sería responsable, lo sería el Presidente. Y eso porque todos los actos del Rey, como tal, son refrendados.
Pero si el Rey deja embarazada a una mujer, la paternidad es suya, no del Presidente. Y si es sobornado para favorecer a una empresa o un país, salvo que sea decisión del gobierno, es él el responsable. Y aunque esté en activo. Es fácil de entender.
Otra cosa es que algún juez o experto jurídico retuerza el espíritu de la Ley para favorecerlo.
Rafa Castillo.

domingo, 7 de junio de 2020

Eutanasia encubierta.


Vox acusó al Gobierno de aplicar una “eutanasia feroz” en las residencias de mayores, donde más de 8.000 ancianos “totalmente abandonados y desahuciados” han muerto de coronavirus. “Este Gobierno social-comunista quiso introducir la eutanasia en España y por desgracia, por la vía de los hechos, la ha aplicado de la manera más feroz”, ha declarado a TVE la secretaria general del grupo parlamentario ultra en el Congreso, Macarena Olona.
El partido de Santiago Abascal ha anunciado que denunciará al Gobierno ante los tribunales por su “gestión criminal” de la pandemia de la “peste china”, como ha calificado Olona a la Covid-19.
Tras la reunión del consejo de acción política, el sanedrín que dirige el día a día del partido, su portavoz, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha respaldado las declaraciones de Olona. Es un “hecho indiscutible”, ha asegurado, que el Gobierno, “con su negligencia, su dejadez y su falta de previsión, ha permitido que los mayores focos de contagio y de muerte se hayan producido en las residencias” de ancianos.
Por otra parte, PP y Vox llevan varias semanas culpando al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, de la muerte de miles de personas en las residencias de mayores de toda España como consecuencia de la pandemia del covid-19. Las dos derechas, la de Pablo Casado y la de Santiago Abascal, intentan hacer creer que la decisión del Gobierno, tomada el 19 de marzo, de poner a Iglesias al frente de las operaciones para intentar frenar el drama que ya se estaba produciendo en estos centros exime de responsabilidad sobre lo ocurrido a los ejecutivos autonómicos, incluidos aquellos de los que son responsables desde hace décadas.
Y como dice el Gran Wyoming, ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad.
Olvidan intencionadamente que aunque el Vicepresidente tiene el “mando superior” sobre las residencias, y esto de la opción de, por ejemplo, establecer normas de obligado cumplimiento, el mando directo y la gestión sigue en manos de las comunidades y los gerentes que ellas nombraron o las empresas privadas con las que concertaron.
Unos 6.000 ancianos murieron en las residencias de Madrid, lo que representa más del 20% de los muertos en España. Y ahora sabemos la causa de muchas de esas muertes. El gobierno de Madrid reconoce que recomendó "por error" no derivar ancianos de las residencias a los hospitales. Sin ponerse colorado, el Consejero de Sanidad de la Comunidad dice que se envió por error un borrador de entre seis que había.
Analizamos la frase. Como se produjo el error? Seguramente alguien metió cada borrador en un sobre, una “mano inocente” eligió uno, el responsable lo firmó y ordenó enviarlo. Porque la diferencia entre un borrador y un documento está precisamente en la firma y publicación.
Y no sé que es lo más grave. Que haya alguien capaz de parir una propuesta así, que no haya nadie que lo cese inmediatamente, que el Consejero o quien fuese lo firmase sin leer, que ninguno de los receptores haya puesto el grito en el cielo, que nadie avisase a sus superiores del contenido del “borrador” o que sea posible tanta irresponsabilidad que provoque tantas acciones negligentes en un tema tan serio.
Pero si hubo alguien que avisó de lo que podía ocurrir. Ahora sabemos que el consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid advirtió al inicio de la pandemia a su compañero de Sanidad, de su impotencia para contener el avance del virus. En dos correos electrónicos del 22 de marzo, Reyero le dijo a Escudero que si no le ayudaba podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” y también le advirtió, si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad: “Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”. Y el 26 de marzo, la Presidenta Ayuso puso al frente de un mando único sanitario sobre las residencias al consejero de sanidad, desautorizando a Reyero.
Entre las propuestas del famoso borrador estaba no trasladar a centros hospitalarios a personas con grado de dependencia 3, a aquellos que necesitan ayuda varias veces al día o de forma continua. También recomendaba dejar fuera a personas con discapacidad internadas en residencias especiales.
Quién es el de la eutanasia feroz?
Rafa Castillo.

miércoles, 3 de junio de 2020

La nueva normalidad (2).


Estos meses estamos viviendo el segundo estado de alarma en esta etapa democrática. Y en la comparativa de uno y otro podemos analizar semejanzas y diferencias y el orden de los hechos ocurridos en ambos.
En 2010 lo primero fue la crisis. Una crisis causada por el hundimiento de un banco norteamericano, el Lehman Brothers, que arrastró en su caída a todo el sistema bancario mundial. Esa crisis, que como habitualmente pagamos los ciudadanos de a pie, supuso el cierre de muchas pequeñas empresas, el paro para millones de trabajadores, y para los funcionarios, que tenemos la suerte de la estabilidad en el empleo, congelaciones y reducciones salariales.
Y los trabajadores públicos, viendo lo que ocurría a nuestro alrededor, asumimos con resignación el sacrificio que se nos exigía dando gracias por no correr el destino de los otros asalariados. Todos? No, todos no. En la pequeña aldea gala de Aena, un grupo de “valientes” trabajadores hicieron una huelga encubierta para que se incrementasen sus sueldos de seis cifras. Todos los controladores aéreos enfermaron de repente e hicieron cortar el espacio aéreo de España poniendo en peligro el único sector productivo del país, el turístico y hostelero, que podía tirar de la crisis después del desplome de la construcción. Y contribuyendo a dejar sin empleo a cientos de miles de trabajadores con sueldos de tres cifras.
Ante esa situación, el gobierno declaró el primer estado de alarma que permitió controlar la situación al militarizar temporalmente a los controladores. Y ese estado de alarma tuvo efectos sanitarios. De golpe desapareció la pandemia que afectaba a los controladores y todos curaron de repente.
Ahora es justamente al revés. Primero la pandemia, luego el estado de alarma y la inevitable crisis económica. Y con otras muchas diferencias. Esta vez la pandemia nos afecta a todos. Y el gobierno que tenemos, a diferencia del de Rajoy, intenta que no paguen la crisis los más débiles. Lo logrará o no es la incógnita, y dependerá de la duración de la pandemia, del posible rebrote, y de las decisiones de la UE.
Y la huelga? Esta vez la noticia es que no hay aprovechados de la situación para reivindicar mejoras laborales. Todo el personal sanitario se remangó y se puso manos a la obra (al servicio) sin ningún tipo de regateo, haciendo más horas de las obligatorias y viviendo momentos de estrés que no tienen nada que envidiar al de los controladores. Y enfermando por miles contagiados por sus pacientes. Y reincorporándose al trabajo al día siguiente de curar.
La sociedad se lo ha reconocido con aplausos. Pero eso no basta. La sociedad tiene que apoyar unánimemente el reconocimiento de estos profesionales y mejoras laborales y salariales para ellos.
Y no quiero cerrar este artículo sin hacer una reflexión sobre el derecho a la huelga. Este derecho ha sido una difícil, y a veces dolorosa, conquista social a la que no podemos ni debemos renunciar. Y hay que aplicarla cuando sea necesaria, desde una huelga general cuando la política de un gobierno vaya contra los trabajadores, a la huelga sectorial o de empresa. Pero tenemos que ser escrupulosos con el intento de chantaje organizándola cuando más daño hace al país. Eso es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Es cierto que para lograr los objetivos hay que llamar la atención de la sociedad. Pero el caso de los controladores nos demuestra que una minoría pueda ponernos en jaque a todos.
Y para llamar la atención sobre nuestro problema, tenemos otra solución, otro derecho logrado. La manifestación que hace visible nuestra lucha. Se visibiliza más nuestra reivindicación y con solo pequeños trastornos de movilidad.
Aunque esta conquista de los trabajadores la prostituyan los pijos de barrio Salamanca.
Rafa Castillo.

lunes, 1 de junio de 2020

La nueva normalidad (1).


La pandemia ocasionada por el COVID-19 es, sin duda, el primer fenómeno que afecta a todos los humanos en los últimos siglos. Ni siquiera las llamadas guerras mundiales llegaron realmente a serlo. Podría decirse, y con razón, que fenómenos como el cambio climático nos afectan a todos, pero ni con los años que lleva en el candelero, logró concienciar a una gran parte de la sociedad. En los pocos meses que lleva, el COVID, sí.
Y esta afectación global traerá cambios importantes en nuestra vida y nuestra organización social. Unos serán de medio plazo. Otros lo serán para siempre. Y es importante señalarlos para orientarlos de la forma más conveniente para la sociedad y evitar que el gran Poder, vuelva a sacar tajada a cuenta nuestra.
Y empecemos, para que no nos acusen de arrimar el ascua a nuestra sardina, por analizar los paradigmas del progresismo y la izquierda que pueden salir tocados.
No podemos, ni debemos, olvidar la importancia del cambio climático que debemos detener antes de que se haga irreversible. Pero no cabe duda de que tenemos que redefinir, también en eso, determinados planteamientos. Algunos ya han sido cuestionados de facto.
Hasta ahora, y con razón, hablábamos de la potenciación del transporte público colectivo para reducir el impacto del privado. Los autobuses urbanos o los vagones del metro, reducían al mínimo las plazas sentadas para aumentar las plataformas en las que se viajaba de pie y juntos para aprovechar el espacio. Y a partir de ahora?
El plástico era otro de los enemigos a batir. La reducción de los plásticos de un solo uso. Pero llegó la pandemia. Quien quiere ahora alimentos que no estén bien embolsados y que sean manoseados por otros consumidores? Incluso puede que llegue a plantearse sustituir envases de papel (azúcar, por ejemplo) por plástico para que sea más fácil su desinfección.
Elementos positivos? Constatar que la reducción de emisiones tiene efectos positivos en el medio ambiente, contaminación y capa de ozono. Que se puede vivir con menos consumo. Y que se puede viajar menos por cuestiones laborales.
Solución? La proponía en 1977 el brasileño Roberto Carlos (el cantante, no el futbolista):
“Yo no estoy contra el progreso
si existiera un buen consenso.
Errores no corrigen otros
eso es lo que pienso.”
No es posible (seguramente tampoco conveniente) una drástica reducción de la movilidad. Si bien muchos desplazamientos, por trabajo fundamentalmente, si pueden eliminarse sustituyéndolos por videoconferencias y reuniones virtuales.
Solución a medio plazo. Invertir en investigación en vehículos alternativos que no consuman combustibles fósiles. En esta línea propongo dos alternativas no excluyentes. Una son los vehículos eléctricos cuya chapa exterior sea hecha de pequeños paneles solares que le den mayor autonomía y permitan reducir el peso y la dependencia de baterías. Recuerdo haber visto un prototipo en la Expo-92 de Sevilla.
Otra, aprovechar el elemento más abundante en la superficie de la tierra, absolutamente reciclable y de contaminación 0. El agua. El agua (H2O) se descompone fácilmente en oxígeno, (O2) e hidrógeno, H2). Esta descomposición (electrólisis del agua) se produce mediante la electricidad. Electricidad que debería proceder, naturalmente de fuentes limpias, fotovoltaica y eólica en la actualidad.
El resultado sería el oxígeno, que se soltaría a la atmósfera, y el hidrógeno, que se embotellaría a presión como se hace con el butano. El oxígeno, como se sabe es comburente, y el hidrógeno es combustible. Pero esta combustión sería totalmente inocua. Su resultado es vapor de agua que vuelve a la atmósfera y de allí a ríos y mares (ciclo del agua). Ni rastro de gases de efecto invernadero. Y saldo de consumo 0 de oxígeno, ya que consume el que hemos soltado en la electrolisis. Además, el proceso de descomposición del agua dejaría una mínima parte de residuos,  los minerales disueltos en ella, que podrían ser aprovechados.
Solución a corto plazo. En tanto no avanza esa investigación. Seguir fomentando el transporte colectivo, cuyo precio deberá ser subvencionado al reducir el número de plazas, ya que su coste no podría ser asumido por las empresas, pero tampoco repercutido a los usuarios.
Y nos queda el plástico. Independientemente de que muchos son prescindibles (bastoncillos, pajitas, platos, vasos y cubertería, juguetes…) una gran parte de la función que realiza el plástico es imprescindible. Pero digo la función, no el plástico. Aquí hay que establecer dos líneas de investigación no incompatibles entre sí. La que lleve a la producción de nuevos materiales de utilidad y propiedades similares, y la de procedimientos para biodegradar el plástico.
Y transversalmente a lo dicho, queda claro que la producción de electricidad debe de tender rápidamente a sustituir la de origen fósil por la producida por energías limpias.
Porque liberarnos del COVID-19 no debe impedir liberarnos del cambio climático.
Rafa.