sábado, 25 de febrero de 2012

Pronunciamiento de la Iniciativa Gallega por la Memoria.

Pronunciamiento de la Iniciativa Gallega por la Memoria.
Se ruega difusión.
La ONU, a través de la oficina en Ginebra del Alta Comisionada para los Derechos Humanos, emitió una nota pidiendo al Estado español la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos.
"España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidos los cometidos durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si aún están vivos", afirmó su portavoz Rupert Colville, durante una rueda de prensa celebrada el 9/02/2012 en aquella ciudad Suiza.
Además, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación".
Colville recordó que, conforme una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su Ley de Amnistía, puesto que no está conforme con las leyes internacionales de derechos humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado español en el año 1985.
La Iniciativa Gallega por la Memoria apoya de manera incondicional el pronunciamiento del Alta Comisionada en pro de la inmediata derogación de la Ley de Amnistía del año 1977, y hace un llamamiento a todos los colectivos de memoria, organismos sociales, sindicatos, partidos políticos y a la ciudadanía en general para que, de manera unitaria, se sitúe este objetivo político en la máxima prioridad de las movilizaciones populares y acciones parlamentarias. Al tiempo, declarara en contra del injusto procesamiento del juez Baltasar Garzón por pretender investigar los crímenes del franquismo, entendido aquel como una manifestación más de la impunidad que en la actualidad disfrutan los responsables de la represión ejercida por la Dictadura franquista.
En consecuencia, la Iniciativa Gallega por la Memoria es asimismo contraria a todo tipo de homenaje público a representantes del régimen franquista de reconocida trayectoria represiva, así como a las tentativas de esconder o justificar los hechos de los que fueron protagonistas. En concreto, la campaña del PP para institucionalizar sin mácula la figura del ex ministro de Franco Sr. Fraga Iribarne, es particularmente injustificable. En este sentido, la Iniciativa Gallega por la Memoria hará pública su oposición a cualquier evento de estas características, instando a todos los partidos y organizaciones sociales que si reclaman del antifranquismo a poner por delante la memoria de las víctimas de la Dictadura y a no ser participes de iniciativas indignas que, además, van en sentido contrario a las aspiraciones de mayor justicia y libertad para los pueblos y para las personas.
Asamblea de la Iniciativa Gallega por la Memoria, Compostela. 25 de febrero de 2012.
(en representación de 11 colectivos de toda Galicia).
Rafa Castillo.

viernes, 24 de febrero de 2012

No soy tu enemigo. Soy tu jefe.

Realmente hace solo dos meses del cambio de gobierno, pero se nota claramente ya el cambio de estilo. Por la imposición de reformas en la que a los agentes sociales solo se les escucha para “mejoras técnicas”, por el total cuestionamiento de los servicios básicos del bienestar, y por la política de orden público.
Teniendo en cuenta el número de jubilaciones y nuevas incorporaciones que pudo haber en estos dos meses, podemos convenir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son prácticamente los mismos que hace dos meses. Pero, ¡lo que cambió el cuento!
A partir del 15-M en decenas de ciudades y pueblos de España se produjeron acampadas y concentraciones. En general la actuación de las fuerzas de seguridad fue impecable lo que implicó que los manifestantes, salvo inevitables excepciones, tuviesen también una actitud correcta, todo lo cual hizo que en los meses que se prolongó la situación apenas hubiese incidentes reseñables. Si exceptuamos, claro, el caso de Catalunya cuyos mossos d’escadra eran dirigidos por la derecha catalana.
Estos días hemos visto los incidentes de Valencia que empezaron, no olvidemos, con la protesta de los alumnos de un instituto. Si hoy persisten las manifestaciones y hay más gente en solidaridad es solo consecuencia de la actuación gubernamental.
La suma de declaraciones gubernamentales es antológica. Como es costumbre en el PP, cada uno dice una cosa y la contraria sin que nadie desmienta a nadie y sin que nadie sepa cuál es la postura oficial. Así se habla de excesos de una parte, excesos de las dos partes, de exigir responsabilidades, de apoyar la actuación policial...
Pero claro, a la hora de exigir responsabilidades hay que plantear en primer lugar a quien. Y aquí hay que aplicar el conocido dicho de “quien calla otorga”, lo que hace que las responsabilidades se desplacen hacia arriba en función del tiempo.
Así, si el incidente fue causado por la acción indisciplinada y excesiva de determinados agentes, todos hubiésemos dado por buena la simple sanción disciplinaria de los afectados por parte de sus mandos. Pero si los mandos policiales no actúan, entonces la responsabilidad asciende a los responsables políticos, Subdelegado del Gobierno, Delegado del Gobierno, Ministro de Interior, Presidente del Gobierno.
¿En qué tiempo estamos ahora? ¿A qué nivel han ascendido las responsabilidades? Está claro que ya han rebasado el nivel de la Delegada del Gobierno que respaldó con su presencia la despreciable declaración de un mando policial. No haberlo mandado callar y no desautorizarlo en el momento, o no haber tomado medidas disciplinarias con él, hace a la Delegada responsable de lo que dijo.
Le corresponde al Ministro del Interior la responsabilidad de cesar a dicha Delegada, para lo que tiene una ocasión de oro en el Consejo de Ministros de hoy. Si no lo hace así, llegará al Presidente Rajoy la responsabilidad de cesar al Ministro, y si no lo hace, tal vez a la FAES cambiar a Mariano.
Porque todos los que callan en esa escala ascendente otorgan su conformidad a considerar a los manifestantes como enemigos. Y hasta ahí podíamos llegar.
Los policías son funcionarios al servicio del Estado y sus jefes somos en conjunto los ciudadanos en plenitud de derechos civiles. Y por tanto no pueden tener como tales más enemigos que los enemigos de la sociedad.
Pueden ser sus enemigos los terroristas, las bandas mafiosas, los delincuentes en general. Pero quien se manifiesta no comete nunca, por ese hecho, un delito. Ejerce un derecho constitucional cuyo ejercicio debe de ser protegido por los servidores del Estado, por más que tenga que estar sometido a normas reguladoras de la confluencia de derechos.
Pero, en definitiva, como todos son iguales, también es lo mismo que a la policía la dirija el PSOE que el PP.
Rafa Castillo.

jueves, 23 de febrero de 2012

J'accuse...!

Hoy es 23-F, treinta y un años después del día del miedo. Y hoy se entrecruzan, sin pudor, dos asuntos que afectan gravemente a un poder del Estado. Y lo afectan gravemente, no solo por el valor individual de cada uno, sino sobre todo por su valor comparativo. Hoy tengo que acusar. Hoy tengo que poner en duda a uno de los poderes del Estado. Concretamente al que no emana directamente de las urnas, al que siguió encarnado en las mismas personas, no sé sí en las mismas ideas, pero sí en las mismas formas después del fin del régimen de Franco.
Parafraseando los dos primeros párrafos del famoso artículo de Émile Zola en el diario L'Aurore, diría:
“Madame la Xustice, ¿Me permitís que, agradecido por la bondadosa acogida que me dispensasteis, me preocupe de vuestra gloria y os diga que vuestra estrella, tan feliz hasta hoy, está amenazada por la más vergonzosa e imborrable mancha?
Habéis salido sana y salva de bajas calumnias, habéis conquistado los corazones. Aparecisteis radiante en la apoteosis de la fiesta de la libertad, que coronó un gran fin de siglo de trabajo, de verdad y de libertad. ¡Pero qué mancha de cieno sobre vuestro nombre -iba a decir sobre vuestro reinado- puede imprimir este abominable día de gran infamia, bofetada suprema a toda verdad, a toda justicia! Y no hay remedio; la Justicia Española conservará esa mancha y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra balanza y vuestra espada”.
Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha adoptado dos decisiones transcendentes. Expulsar de la carrera judicial al Juez Baltasar Garzón y nombrar presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al juez Grande Marlaska.
Al Juez Garzón se le expulsa por haber sido condenado por prevaricación por unas escuchas de conversaciones entre imputados del caso Gurtel y abogados de los mismos u otros imputados. Escuchas apoyadas por los fiscales anticorrupción, avaladas por miembros del T.S.J. de Madrid y continuadas por su sucesor en la causa.
Al señor Marlaska, conocido entre otras hazañas por la exculpación de responsables del caso del Yack-42, se le nombra después de que algunos de sus nuevos compañeros de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, lo criticasen en la sentencia que ha absuelto al que se consideraba presunto responsable de informática de ETA, Iraitz Guesalaga, y cuya instrucción estuvo a cargo del magistrado. El fallo, considera que las pruebas usadas en contra de Gueselaga eran insuficientes y se obtuvieron de un modo que "no se ajusta a los parámetros de legalidad". Además, la sentencia critica que Grande-Marlaska solicitara "sin más explicaciones" la intervención del teléfono de la novia del acusado y prorrogara durante varias meses las escuchas sin que hubiera habido "ningún avance en la investigación, ni justificación alguna" sobre su necesidad.
Por eso, YO ACUSO de presunta prevaricación a los miembros del CGPJ que nombran al señor Marlaska Presidente de Sala en lugar de acusarlo por posible prevaricación en una instrucción al menos tan cuestionable como la del Juez Garzón.
YO ACUSO de presunta prevaricación a los magistrados del Tribunal Supremo que tras condenar al Juez Garzón por prevaricación no dedujeron testimonio para el inicio de acciones contra los miembros de la judicatura que avalaron o continuaron su actuación.
YO ACUSO a la Justicia Española de ser, como definía el señor Pacheco, a la sazón Alcalde de Jerez, de ser un presunto autentico cachondeo.
Rafa Castillo.

martes, 21 de febrero de 2012

La emigración a Laponia.

 

Yo ya no sé si es que nuestra derecha, sociológica, política y económica logró resolver el pitagórico problema de la cuadratura del círculo, si nos toman a todos por tontos (tal vez porque a veces lo parecemos) o si en esta pura orgía de recortes han llegado al clímax, y en esta auténtica eyaculación de medidas antisociales cada uno intenta mear más fuera del tiesto.
Realmente creí que el éxtasis lo habían logrado el viernes cuando aprobaron, no la reforma laboral como muchos creen, la desaparición de la política, la legislación y cualquier sombra de derechos laborales.
Pero no. Desde ese día siguieron pariendo ideas tratando cada uno de superar a su antecesor. Por si acaso a alguno se le ocurre reivindicar volver a tener el mínimo derecho, enseguida salieron hablando de reformar el derecho de huelga, que yo recuerdo que figuraba como fundamental en alguna Constitución.
Luego vino lo de Laponia. En gallego, lapón tiene dos acepciones. Habitante de Laponia o persona que come mucho y disfruta haciéndolo. Y no cabe duda que esta segunda es plenamente aplicable al representante de la CEOE que hizo las declaraciones.
Vino a decir, el goloso economista, que a quien le ofrezcan un trabajo, incluso en Laponia, si no lo acepta, deje de cobrar la prestación por desempleo. Naturalmente que el derecho a cobrar la prestación surja de lo que él, y su empresa por él, cotiza no es importante. Que el objeto de que se cobre sea el darle a él y su familia (y lo dicen los que se llenan la boca de protección a la familia) una oportunidad de supervivencia mientras, por ejemplo, encuentra otro trabajo adecuado a su formación, no cualquier trabajo, realiza una formación complementaria, o prepara unas oposiciones, no importa. Lo importante es que si pierde la prestación... deja de cobrar. Y eso nos ahorramos.
Seamos serios, que esto ya me está cabreando. Si un parado que cobra la prestación acepta cualquier trabajo so pena de perder la prestación, lo que ocurre es que otro parado sin prestación se queda sin la opción de acceder a ese trabajo. ¿O va a ser que por dejar la prestación surjan trabajos de la nada? Seamos serios, y aunque lo intenten, no nos dejemos engañar. Los trabajos no aparecen por no cobrar la prestación. Aparecen por la inversión y el mercado.
Y si no, hagamos la prueba. En vez de irle quitando la prestación uno a uno, suprimámoslas todas de golpe. ¿Aparecerán de repente cinco millones de nuevos empleos, o caerá más el empleo al contraerse el consumo?
Apaleados, sí. Pero que encima nos tomen por tontos... ¡jamás!
Rafa Castillo.