Realmente hace solo dos meses del cambio de gobierno, pero se nota claramente ya el cambio de estilo. Por la imposición de reformas en la que a los agentes sociales solo se les escucha para “mejoras técnicas”, por el total cuestionamiento de los servicios básicos del bienestar, y por la política de orden público.
Teniendo en cuenta el número de jubilaciones y nuevas incorporaciones que pudo haber en estos dos meses, podemos convenir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son prácticamente los mismos que hace dos meses. Pero, ¡lo que cambió el cuento!
A partir del 15-M en decenas de ciudades y pueblos de España se produjeron acampadas y concentraciones. En general la actuación de las fuerzas de seguridad fue impecable lo que implicó que los manifestantes, salvo inevitables excepciones, tuviesen también una actitud correcta, todo lo cual hizo que en los meses que se prolongó la situación apenas hubiese incidentes reseñables. Si exceptuamos, claro, el caso de Catalunya cuyos mossos d’escadra eran dirigidos por la derecha catalana.
Estos días hemos visto los incidentes de Valencia que empezaron, no olvidemos, con la protesta de los alumnos de un instituto. Si hoy persisten las manifestaciones y hay más gente en solidaridad es solo consecuencia de la actuación gubernamental.
La suma de declaraciones gubernamentales es antológica. Como es costumbre en el PP, cada uno dice una cosa y la contraria sin que nadie desmienta a nadie y sin que nadie sepa cuál es la postura oficial. Así se habla de excesos de una parte, excesos de las dos partes, de exigir responsabilidades, de apoyar la actuación policial...
Pero claro, a la hora de exigir responsabilidades hay que plantear en primer lugar a quien. Y aquí hay que aplicar el conocido dicho de “quien calla otorga”, lo que hace que las responsabilidades se desplacen hacia arriba en función del tiempo.
Así, si el incidente fue causado por la acción indisciplinada y excesiva de determinados agentes, todos hubiésemos dado por buena la simple sanción disciplinaria de los afectados por parte de sus mandos. Pero si los mandos policiales no actúan, entonces la responsabilidad asciende a los responsables políticos, Subdelegado del Gobierno, Delegado del Gobierno, Ministro de Interior, Presidente del Gobierno.
¿En qué tiempo estamos ahora? ¿A qué nivel han ascendido las responsabilidades? Está claro que ya han rebasado el nivel de la Delegada del Gobierno que respaldó con su presencia la despreciable declaración de un mando policial. No haberlo mandado callar y no desautorizarlo en el momento, o no haber tomado medidas disciplinarias con él, hace a la Delegada responsable de lo que dijo.
Le corresponde al Ministro del Interior la responsabilidad de cesar a dicha Delegada, para lo que tiene una ocasión de oro en el Consejo de Ministros de hoy. Si no lo hace así, llegará al Presidente Rajoy la responsabilidad de cesar al Ministro, y si no lo hace, tal vez a la FAES cambiar a Mariano.
Porque todos los que callan en esa escala ascendente otorgan su conformidad a considerar a los manifestantes como enemigos. Y hasta ahí podíamos llegar.
Los policías son funcionarios al servicio del Estado y sus jefes somos en conjunto los ciudadanos en plenitud de derechos civiles. Y por tanto no pueden tener como tales más enemigos que los enemigos de la sociedad.
Pueden ser sus enemigos los terroristas, las bandas mafiosas, los delincuentes en general. Pero quien se manifiesta no comete nunca, por ese hecho, un delito. Ejerce un derecho constitucional cuyo ejercicio debe de ser protegido por los servidores del Estado, por más que tenga que estar sometido a normas reguladoras de la confluencia de derechos.
Pero, en definitiva, como todos son iguales, también es lo mismo que a la policía la dirija el PSOE que el PP.
Rafa Castillo.
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