Ayer, Mariano Rajoy dijo que no dimitiría porque este es un país serio. O realmente no sabe donde está o miente con el mayor descaro. En un país serio sería inconcebible que un Presidente de Gobierno no hubiese comparecido aún ante el Parlamento para dar cuenta a los ciudadanos de la situación.
Pero realmente el Presidente no lo hace porque no puede. No sabe aún (¡o tal vez sí!) hasta donde puede hablar Bárcenas y que pruebas tiene, para marcar el límite de su confesión. A cualquier declaración de Rajoy puede sucederle una nueva declaración del extesorero que lo deje como mentiroso. Porque quedar, queda aún mucho por saber.
Parece claro que hay una financiación ilegal del partido popular. También que sus cargos orgánicos percibieron sobresueldos en negro, y por tanto en fraude a la hacienda pública. Y no puede mantenerse éticamente que quien nos sube los impuestos sea un defraudador.
Pero aún quedan más derivadas del caso. Las empresas que aportaban esa financiación ilegal. Y sobre todo a cambio de que lo hacían. Porque no es creíble que lo hiciesen por altruismo o amor al partido. El fin de la empresa es ganar dinero y nunca hace un gasto que no espere un beneficio.
Y ahí estamos en la otra parte. Los ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por los populares que adjudicaron las obras a las empresas que los financiaron. Adjudicaciones seguramente a costes superiores a los del mercado para dejar el margen de la comisión. Y seguramente muchas de esas adjudicaciones hechas ilegalmente.
En fin. Que el caso Bárcenas, y el Gurtel, pueden cargarse al gobierno de la nación, al de algunas comunidades y al de bastantes ayuntamientos. ¿Habrá cárceles para todos?
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