Espacio-tiempo.

Parece ser que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial tenía muchas visitas que hacer a los juzgados de Marbella. Nadie duda que en su día en los juzgados marbellíes debió de haber más de una, pero desde la desaparición política de Jesús Gil y del famoso “Cachuli” creíamos que la situación se había normalizado.

Pero parece ser que la presencia de Carlos Dívar era requerida repetidamente al punto que al laborioso presidente no le llegaba su semana laboral “caribeña” de martes a jueves (¿para qué funcionarios se amplió la semana laboral a 40 horas?) y tenía que hacer su trabajo los fines de semana y en hoteles de lujo.

No tengo elementos de juicio para pronunciarme sobre la legalidad de los gastos de D. Carlos. Pero algo falla en la legalidad si estos gastos no hay que justificarlos y en cambio se exigió en su día la justificación de los gastos reservados.

Y aún si fuese legal, lo que no fue su actuación es ética ni estética. Si un interventor, de la administración que sea, admite (no digo realiza) un gasto sin la suficiente justificación, puede irse preparando para lo que le espera. Incluso que el Tribunal Supremo, presidido por Dívar, le condene.

Pero es que la justicia tiene, a veces, dos varas de medir. La que aplican a los demás, y la que usan consigo misma. Si el funcionario de turno no envía el expediente exigido perentoriamente por un juzgado, por extenso y antiguo que sea el expediente, le espera una sanción. Si un ciudadano no acude puntualmente a una citación, sanción inevitable. Pero para ellos es distinto.

Porque este presidente, diligente en la inhabilitación cautelar del Juez Garzón y en sus múltiples actividades en Marbella, ha sido relativamente lento en otros asuntos. Ayer mismo era noticia que el asunto de la contaminación de Aznalcóllar (Doñana) en 1998, presunto delito ecológico, vuelve, como en un eterno juego de la oca, a la casilla de salida.

Al parecer, sus señorías del Supremo, y bajo la presidencia de Carlos Dívar, tras unos 11 años de ímprobo trabajo, han decidido ya quien tiene que instruir el caso. Como les encarguen a estos el juicio final, agotan media eternidad. Pero, claro, para ellos existe otro espacio-tiempo.

Rafa Castillo.

Los Webs de doña Espe.

Pese a ser republicano nunca abuchearía al Rey en un acto público en el que representa al Estado. Y pese a ser iconoclasta, en el sentido de que no me siento representado por un objeto, nunca perdería el respeto ante una bandera o himno.

Pero que yo no lo haga, y que no me gustaría que los demás lo hiciesen, no implica que quiero que lo prohíban. No me gusta, no porque me ofendan, sino porque quien lo hace se define, y a quien lo hace lo considero miembro de mi misma sociedad, de mi mismo país o de mi misma humanidad. Da igual.

Pero si lo hacen, que lo hagan. Cuando enarbolamos una bandera establecemos un símbolo de adhesión para los nuestros, pero de rechazo para los contrarios. Por eso no puede extrañarnos que mientras unos la aplauden otros la abucheen. Va en su sueldo. Y siempre es mejor que los puñetazos los lleve el saco terreo en vez del cuerpo humano.

Es más. Es posible que ningún aficionado bilbaíno o barcelonés tuviese pensado hacerlo, pero Esperanza Aguirre se ha encargado de meter el palo en el avispero y a estas horas habrá en Bilbao y Barcelona colas para comprar pitos. Tal ha sido la magnitud de la boutade dicha y reiterada que ni en su partido la respaldan. Y es que ha sido encender un mechero donde hay gasolina.

Aguirre, quien con su mentalidad ultraliberal vive encantada prohibiendo, ha dicho lo dicho por dos motivos. Uno por reafirmación en un rancio nacionalismo españolero excluyente. Otro como maniobra de evasión.

Porque lleva unos días en los que no tenía por donde salir, excepto improvisando esta salida de pata de banco. Ella que presumía de que su comunidad era el paradigma de la buena gestión económica, de la transparencia y la eficacia, ha visto como la comunidad y su gestión han sido salpicadas por Rodrigo Rato, Bankia, los problemas de la enseñanza y el déficit ocultado.

Y lo peor es que lo logra. La prensa seria se hace eco y reparte sus espacios entre ambas cosas, y la prensa afín puede eludir la primera para alabar el patriotismo ¡y los webs! de doña Esperanza.

Rafa Castillo.

Regreso al futuro.

El elemento principal de la economía es la transferencia. Transferencias de capitales, transferencias de trabajo, transferencias de inmuebles y transferencias de productos. Las transferencias pueden ser horizontales (entre agentes económicos de igual nivel) o verticales. También pueden ser, en función del momento, actuales, del pasado o hacia el futuro.

Lo normal, en una sociedad medianamente solidaria es la existencia de transferencia de riqueza horizontal y vertical hacia abajo. Quien más tiene aporta más, y todos reciben igual o según necesidades. Pero en esta crisis que soportamos, todo está al revés y quien menos tiene se priva solidariamente de ese poco para salvar a los grandes bancos y capitales.

Naturalmente los servicios básicos del Estado de Bienestar, sanidad, educación, pensiones y en España también dependencia, son transferencias de riqueza. Y de quien más tiene a quien menos. Por eso recortarlos significa reducir la solidaridad y hacer la vida más difícil a los ciudadanos mientras se aumenta la riqueza de quien más tiene.

Pero es que además, en estos servicios, hay que analizar la temporalidad. Por ejemplo la sanidad es solidaridad actual. Todos mantenemos unos servicios sanitarios de los que simultáneamente disfrutamos los que los necesitamos. Pagamos impuestos y usamos el servicio de manera simultánea.

En el caso de las pensiones, la transferencia, desde el punto de vista subjetivo, es del pasado. Quien recibe la pensión, ha cotizado anteriormente para adquirir el derecho. Por su parte, quienes cotizan hoy lo hacen para, esperemos, cobrar en el futuro. La dependencia tiene ambas naturalezas en función de la necesidad que cubran. Simultánea o del pasado en lo referente a la atención a los ancianos.

La naturaleza de la educación es la contraria. Es transferencia al futuro. Lo que invirtamos hoy en educación se nos devolverá en el futuro en forma de mejoras científicas y profesionales más capacitados. Por eso es natural que la sociedad la financie para que todos tengan acceso a ella. No solo por solidaridad, sino también para optimizar la inversión. Y porque, desde el punto de vista subjetivo, el estudiante hace hoy un esfuerzo no retribuido, para mejorar su vida futura, es cierto, pero también para rendir después una mejor aportación a la sociedad. Y si ya no le pagamos por ese esfuerzo, menos debemos cobrarle por él. Por tanto, la educación debe tener financiación pública aunque sea con deuda.

Dirá, como suele, el PP que todas las familias saben que no se puede gastar lo que no se tiene. Pero todas las familias sabemos, menos ellos, que depende. Naturalmente gastar en un viaje a crédito puede ser una temeridad, pero si se trata de adquirir una vivienda o abrir una empresa, lo lógico es hacerlo a base de crédito, entre otras cosas porque, salvo los hijos de personas pudientes, no tienen dinero para invertir hasta que esa empresa o negocio produzca.

Por eso, recortar en educación, no solo es insolidario. Es también estúpido.

Rafa Castillo.