Economía municipal.

Los ayuntamientos pueden ser la próxima burbuja económica, sino lo están siendo ya.

Hay muchas causas para ello y por tanto muchas responsabilidades que todos tenemos que asumir en lo que a cada uno nos corresponda. Claro que este debate habrá que hacerlo después de las elecciones que será el momento en el que una de las partes, los partidos, podrán hacerlo sin la presión electoral.

El primer problema es estructural. Los ayuntamientos no controlan la evolución de sus ingresos ni de sus gastos. Cuando el Estado fija, por ejemplo, el precio de la luz, sabe en cuanto repercute en su propia factura, pero también cuanto aumentarán sus ingresos por el incremento de impuestos que supone el nuevo precio. Los ayuntamientos, en cambio, solo soportan el coste.

Los costes básicos de los ayuntamientos crecen anualmente a mayor o menor ritmo (personal, contratos con empresas de servicios, suministros básicos del papel a la telefonía pasando por coste eléctrico y combustibles...). En cambio no tienen asegurado el crecimiento de ingresos pues una parte importante de ellos depende de las transferencias del Estado y las Comunidades Autónomas que con la crisis se reducen. Por ende no pueden hacer una política presupuestaria de déficit y se les limita la posibilidad de optar al crédito al tiempo que se les obliga a atender los pagos en plazos cortos que de no cumplirse darán lugar a intereses y por tanto mayor gasto.

Luego hay problemas que dependen del tipo de ayuntamiento y dentro de esto de las políticas de cada corporación.

En ocasiones el problema está en la megalomanía del alcalde de turno. Hacer grandes obras con las que pasar a la historia sin preocuparse de si cuentan con medios suficientes para financiarlas. Es el caso del ayuntamiento de Madrid, que siendo el que más percibe del Estado por habitante, con la contribución urbana aplicada sobre el valor catastral más alto de España, con una cantidad desorbitada de negocios y empresas de ámbito nacional o internacional radicadas ahí, tiene la mayor deuda del país.

El problema de los pequeños ayuntamientos es distinto. Han influido en él diversos factores, muchos de ellos originados en la época de abundancia, y cuyas consecuencias afloran ahora.

Uno de ellos es el dimensionamiento de los servicios. La Ley señala los servicios obligatorios para cada tipo de ayuntamientos en función de su población. Naturalmente esto no puede implicar que unos ciudadanos tengan más servicios que otros. Pero no se establecieron procedimientos para que esto no ocurra. Falta por un lado la comarcalización de los servicios y por otro la creación de la conciencia de pertenencia a la comarca de modo que los servicios prestados por los ayuntamientos mayores lo sean también para los pequeños de su área de influencia.

Pongamos un ejemplo. Posiblemente en su día fue importante que todos los ayuntamientos contasen con una biblioteca. Pero puede que a día de hoy no tenga tanto sentido. Hoy todos los menores están escolarizados y cuentan normalmente con bibliotecas adecuadas en sus centros escolares. Y los demás, junto a la existencia de internet, tienen acceso a la ciudad próxima al disponer todos de medios de transporte propio y tener que desplazarse de forma ordinaria a ella por trabajo, para comprar, etc. Sería pues más interesante una buena biblioteca comarcal al servicio de todos que muchas bibliotecas municipales que casi nadie usa.

Lo mismo podríamos decir de las oficinas municipales de información juvenil en ayuntamientos en los que ya no hay jóvenes para informar y los pocos que quedan estudian, se divierten y se relacionan fuera del término. Y como eso auditorios, casas de cultura, piscinas municipales, puntos limpios y tantos otros servicios que nos salen más caros que acudir a la ciudad.

Junto a esto está la financiación en sus dos vertientes. La propia y la ajena.

La propia con políticas populistas de no adecuar los impuestos y tasas a la evolución de los costes, con servicios deficitarios sean estos de primera necesidad o de prestación voluntaria.

La ajena al establecer el Estado de acuerdo con la FEMP un sistema de financiación que sólo garantiza la cantidad percibida en el año 2003 y que para los ayuntamientos que aumentan su población crece, pero para los que la disminuyen se estanca en esa cantidad. Porque aunque disminuya la población, no lo hace el coste del servicio. El servicio de recogida de basuras tiene que mover los mismos contenedores llenos que mediados.

Así ocurre que en 2011 los ayuntamientos tienen los mismos ingresos propios y ajenos que en 2003, pero su gasto aumentó vía inflación en el 23,4%. Aparte de nuevos servicios, claro.

Y en el caso de Galicia la situación se agrava. Nadie ha tenido aún en cuenta la especial situación de los ayuntamientos rurales de Galicia. La dispersión de población que implica más kilómetros de carreteras, de redes de agua y saneamiento, de alumbrados públicos, de recogida de residuos, etc.

No tengo el dato pero aseguraría que para los 2.060 habitantes de nuestro ayuntamiento hay más de 4.000 puntos de alumbrado público. Y casi apostaría que posiblemente en la zona urbana de Monforte, y con toda seguridad en la de Sarria hay menos.

Rafa Castillo.